Los recortes enferman a Portugal

La cirujana Pilar Vicente trabaja en el hospital público de São José, en el corazón de Lisboa, en el atareado departamento de urgencias. Se sienta a la mesa de una cafetería en un patio, con la bata blanca, al lado de una auxiliar de bata azul a la que no conoce. Lleva en este mismo puesto de trabajo 25 años y asegura que la atención médica se deteriora día a día, consecuencia del recorte progresivo y creciente a la que la somete el Gobierno. Explica que ya no hay tantos anestesistas —“ya no les dejan hacer horas extraordinarias”—, ni tantos enfermeros que acompañen a los enfermos por los pasillos —“están despidiendo mucho”—, que el material comienza a escasear —“las máquinas de cirugía se estropean y no se reponen”— y que cada vez son menos para luchar contra ese derrumbe: “Hace dos años éramos siete en el turno de urgencias; después pasamos a cinco. Ahora somos cuatro y llegaremos a tres. Así, vamos de cabeza, sin tiempo”.
Hay enfermos, según explica Vicente, a los que el traslado al hospital les cuesta 30 euros: “A mi propia suegra, que tenía una trombosis cerebral, le pagamos el traslado desde el asilo al hospital”. Y hay una complicada burocracia que parece sacada de un cuento de terror: “Si eres enfermo crónico, no pagas el traslado si vas al hospital a una consulta de tu enfermedad; pero sí pagas si vas a otra consulta. Si tú estás enfermo de cáncer, no pagas la consulta cáncer, pero si es de otra cosa, tienes que pagar siete euros”. Vicente mira a la puerta, donde un cartel informa a todo aquel que entra de que una consulta de urgencias cuesta 20 euros, de la que quedan exentos algunos pensionistas y los niños.
Y todo va a ser peor. Y pronto. El primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, avisó de que el Gobierno, para tapar el agujero que la sentencia del Tribunal Constitucional le hace en sus cuentas públicas, calculado por el propio ministerio de Finanzas en 1.300 millones de euros, va a ahorrar en sanidad, en educación en gastos de Seguridad Social y en transportes públicos.

“No me imagino de dónde pueden cortar más”, explica la cirujana Vicente. La auxiliar de la bata azul tampoco. Mira a su compañera de mesa, se levanta y dice: “Este es un país de vergüenza”. La cirujana no sabe de dónde recortar. El Fondo Monetario Internacional (FMI), una de las patas de la troika, sí. Hace unos meses, presentó un informe, elaborado a petición del Gobierno portugués, en el que le indicaba de dónde se podría ahorrar 4.000 millones de euros a fin de poner en marcha un nuevo plan de recortes, un plan reactivado ahora a toda prisa con la sentencia del Tribunal Constitucional.
Según el FMI, hay que despedir a cerca de 100.000 empleados públicos de los 600.000 con los que cuenta Portugal. Así que pronto habrá menos médicos, menos compañeros de la cirujana Vicente, menos anestesistas. Las consultas que ya son de pago deben subir, según el FMI. El Diário de Notícias informó hace meses que, según este informe de esta institución, una visita a urgencias saldrá por 50 euros y una consulta normal y corriente, por diez. El FMI también aconseja acabar con las 35 horas semanales que ahora disfrutan los empleados públicos por las 40 que trabaja todo el mundo y subir un año la jubilación, de los 65 a los 66.
El FMI también recomienda despedir a cerca de 15.000 profesores de los aproximadamente 100.000 con que cuenta el sistema portugués. El Gobierno de Passos Coelho ya ha echado, en los últimos años, a cerca de 10.000. Una de las inmediatas consecuencias es la de que el número medio de alumnos ya es de 30 (en 2011 era de 28). Así que, de cumplirse las negras previsiones del FMI (y el anuncio del primer ministro) los alumnos en una misma aula aún crecerán más y aprender será más difícil. Además, ya no hay profesores de apoyo, ni docentes de sustitución en muchos centros.
Así, mientras los responsables del ministerio de Finanzas deciden si hacer caso o no a las indicaciones de los expertos del FMI, los portugueses aguardan, con una mezcla difusa de miedo y hartazgo, las nuevas medidas de austeridad, porque ya saben que les convertirán en ciudadanos más pobres de un país más pobre.