A hit below the belt to Spanish science

Publicado en METHAGORA: A blog from Nature Methods

In a report published last Thursday, the Spanish government released a sudden modification of the established rules pertaining to the financing of research projects sentencing the research community to more hardships.

Public funds are the main financing source that Spanish science relies on. These programs, which fund research projects as well as individual investigators (mostly young talented scientists starting their labs and returning from postdocs overseas) are granted every year and typically provide funds for projects spanning 3-to-5 years. In the present financial climate, the Spanish government has been continuously and drastically cutting funds for these programs.

In 2009 the Spanish government spent 547 million euros to support science. In the latest resolution of these programs, published last December, these funds were reduced to 309 million (a more than 40% reduction). Rubbing salt into the wound, these funds will also be significantly delayed according to the recent communication, which states that researchers will receive the funds in four years instead of the three that the original call had stipulated back in December 2011.

Making things even worse, the government has announced that during the first year, less than 10% of the funds will be made available to scientists. This is in direct contrast to previous resolutions, in which funds were administered following a 40% in year one, 40% in year two and 20% in year three formula that was deemed appropriate as projects typically require big investments in equipment and reagents during the first years.

In the past, it has been possible for universities or the CSIC (the Spanish National Research Council) to advance some of the funds to awardees, but now these institutions have no money to put forward.

This delay and changed formula for administration of funds will have a devastating effect on the vast majority of active Spanish scientists. In addition, the manner in which this new ‘rule’ has been communicated, late and by surprise, has angered a community of researchers that has already been particularly hit by the economic woes that the country is suffering.

During the 30 years before the 2008 crisis, Spanish research and development productivity had been steadily increasing and gaining visibility in the international community. Young investigators who had gone abroad to do science were returning to Spain aided by new grants and programs. Innovative, cutting-edge Spanish science was no longer a dream but a reality.

Since 2009, the Spanish government has been cutting science budgets relatively more than other areas (average ministries are experiencing cuts of 16%). It is clear that these cuts threaten to undermine the ability of scientific institutes across the country to hire and retain talented personnel. While Spain continues to reduce its support for research, other European countries and the European Union are proposing to increase their investment in science.

The Spanish science secretary Carmen Vela has proposed that Spanish scientists focus ‘on innovation and quality over quantity’ and that private funding of science should increase. But if policymakers continue to take measures that result in more labs closing down and the fleeing of scientists, there will be no talented people left in Spain to drive the innovation that will guarantee a sustainable economy in the future.

Links to other news coverage and political reactions to this resolution

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/24/actualidad/1359061061_171675.html

http://www.abc.es/espana/20130126/abci-gobierno-reduce-ayudas-ciencia-201301261848.html

http://www.izquierda-unida.es/node/11697

Diáspora (por Manuel Vicent)

Diáspora

España se ha permitido el lujo de tirar cerebros a la basura durante siglos, lo que equivale a un crimen histórico contra la inteligencia

Manuel Vicent  - 27 ENE 2013

Ningún cerebro humano es mejor que otro al nacer, en cualquier rincón del mundo. El cerebro es, sin duda, la principal fuente de riqueza, la única energía realmente sostenible, renovable e inagotable. España se ha permitido el lujo de tirar cerebros a la basura durante siglos, lo que equivale a un crimen histórico contra la inteligencia, el mismo delito que se comete hoy cuando se recorta el presupuesto de educación. Recuerdo a algunos compañeros de escuela en el pueblo, cuyo talento fue desperdiciado por la pobreza y la incuria de la posguerra. Eran inteligentes, despiertos, ávidos por aprender. Pudieron haber sido ingenieros, médicos, científicos. A varias generaciones de niños como aquellos con los que yo jugaba en el recreo, la España negra solo les dejó las manos para trabajar. En pleno franquismo tres millones tuvieron que irse de peones a Europa. Sucedió lo mismo cuando en plena fiebre del ladrillo España se vio inundada por oleadas de inmigrantes. Nuestro territorio se hallaba situado en el lugar geográfico ideal: a solo 11 kilómetros de África, con la ventaja del mismo idioma para los latinoamericanos y un sol de invierno radiante contra el frío de los países del Este y encima en este caso tampoco se requería ninguna preparación, ninguna ciencia, solo las manos para subir al andamio, servir copas, recoger fruta y limpiar retretes. El desprecio de nuestro país por la inteligencia ha producido varias diásporas. En el siglo XV los cristianos expulsaron a los judíos; la Inquisición llevó a la hoguera o metió en las mazmorras a quienes se atrevían a investigar. Los sucesivos espadones del siglo XIX llenaron Francia e Inglaterra de liberales españoles que huyeron para salvar el pellejo, entre ellos Goya y Blanco White, pero eso no fue nada si se compara con el medio millón de republicanos que fueron brutalmente condenados al exilio al final de la Guerra Civil junto con nuestros mejores intelectuales, escritores y científicos. Ahora llega la última diáspora. La desidia y el desprecio por la inteligencia están produciendo una fuga de cerebros. Jóvenes científicos, biólogos, ingenieros, tenazmente preparados aquí, cuya energía intelectual es la única fuerza genuina para salir de la crisis, se van fuera a dar sus frutos. La maldición de siempre.

Todo el poder para la ciencia

 http://elpais.com/elpais/2013/01/24/opinion/1359027137_688305.html

No es razonable que en un país que debería salir de la crisis con un modelo económico y social distinto se marginen aquellas actividades, como las científicas, que están en la base de nuestras opciones de futuro

Pere Puigdomènech - 1 FEB 2013

En el barómetro de Demoscopia sobre confianza institucional publicado recientemente aparece una vez más que los colectivos que merecen más confianza a los ciudadanos españoles son los científicos, esta vez seguidos de los médicos. En cambio, las profesiones que menos confianza producen son bancos, partidos políticos y los políticos. Parece un mundo al revés. En una sociedad democrática los ciudadanos otorgan a un colectivo la confianza para que gobierne, pero finalmente resulta ser este en el que menos confían. En cambio, en estos momentos aquellos en quien más confían tienen problemas para llevar a cabo su trabajo e incluso para sobrevivir. ¿Deberíamos dar la vuelta al sistema y proponer que sean aquellos en quienes más confían los ciudadanos, científicos y médicos, los que gobiernen?
Algo así proponía Platón en su diálogo La República. En esta obra célebre proponía que una aristocracia del saber fuera la que tomara las riendas del Gobierno. Este concepto ha ido rondando por las ideas políticas durante siglos y ha servido principalmente para justificar Gobiernos totalitarios. La historia nos enseña que no hay alternativa sensata a los sistemas democráticos aunque parecería apropiado hacer reformas para que la confianza del ciudadano en el sistema político se recupere. Es cierto que la presencia de científicos o médicos en los Gobiernos no es frecuente, pero tampoco extraña. Por ejemplo, el primer Gobierno socialista en 1982 tuvo una buena representación de miembros con formación científica y no deja de ser uno de los mejor recordados de los últimos años. El actual Gobierno solo tiene un miembro con formación médica y justamente en una función no relacionada con ello.
La relación entre ciencia y Gobierno se da en las dos direcciones posibles. Por una parte los Gobiernos se enfrentan cada vez más a cuestiones en las que deberían tener en cuenta los datos que proporciona la ciencia. Cuando hablamos de energía, de salud, de medio ambiente o de agricultura, por poner unos ejemplos, los Gobiernos necesitarían disponer de los mejores datos posibles sobre estas cuestiones, elaborados de forma transparente e independiente y para ello deberían contar con el consejo de los científicos. Es posible que sea este punto uno de los aspectos que los ciudadanos valoran de científicos y médicos. Si estos hacen bien su trabajo, los resultados deberían estar producidos con objetividad y estar dirigidos a ayudar a que la sociedad tome sus decisiones de la mejor manera posible. Distinguir entre quienes asesoran y quienes deciden es esencial en una sociedad democrática, pero que de forma transparente las decisiones se tomen tras valorar los mejores datos científicos disponibles parece imprescindible. Los Gobiernos de los países más avanzados suelen tener instancias para consultar a la hora de tomar decisiones, algo prácticamente desconocido en España.
Por otra parte la ciencia (como la sanidad o la educación) necesita del Gobierno. Es absolutamente ilusorio pensar que la iniciativa privada va a financiar la investigación científica en su totalidad. En parte pueden hacerlo fundaciones privadas, y en este sentido el mecenazgo es importante. Pero en todos los países avanzados está claro que hay una división del trabajo entre la financiación de la investigación de iniciativa autónoma de la que salen las ideas nuevas, y la financiación de la investigación dirigida a resolver cuestiones concretas de interés para la sociedad y la industria que tiene que estar basada en la financiación privada. La investigación creativa, en todos los países del mundo, es una competencia del Estado que tiene que velar, desde luego, para que sea de la mejor calidad posible. Y es en este punto en el que la realidad actual muestra su aspecto más descorazonador.

Curiosamente, entre las profesiones más afectadas por la crisis están aquellas en las que más confían los ciudadanos, que son científicos y médicos, a las que se añaden las pequeñas y medianas empresas, profesores de la enseñanza pública y las ONG. El año 2012 se termina con el anuncio de que la convocatoria para proyectos de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad se retrasa unos meses. Y 2013 comienza con que uno de los fondos financiadores de proyectos, los de investigación agrícola, que ya estaban aprobados no se van a financiar. Esto se añade a recortes en sueldos, en contratos temporales y en plazas de investigador y profesor, en un entorno en el que el sistema no se reforma para hacerlo más eficiente. La situación presente va a ser demostrativa de las contradicciones en las que nos encontramos. Va a haber millares de funcionarios a los que ni se les permite competir para conseguir medios para llevar a cabo su trabajo. Y como efecto colateral de consecuencias letales para el futuro, muchos investigadores jóvenes que dependen de contratos financiados por proyectos se van a ver incapacitados para continuar su trabajo.
Profesiones como las de científico o médico o profesor de la enseñanza pública no tienen sentido sin profesionales motivados por su trabajo y entregados a él. Las pequeñas y medianas empresas necesitan de emprendedores con ilusión. Y esta se puede estar perdiendo entre recortes y privatizaciones. Nadie duda de que haya que hacer todo lo posible para gestionar eficientemente los recursos públicos. Sin embargo, en este momento se mantienen los aspectos más burocráticos de la Administración mientras que se privatiza la gestión como por ejemplo en los hospitales. Si se elimina el espacio de creatividad y respeto a la vocación de estos profesionales va a haber efectos negativos que pronto se van a notar en cuestiones esenciales como la sanidad, la educación y desde luego en la ciencia. Y la credibilidad internacional de nuestro país, por muchos esfuerzos de marketing que se hagan, se va a encontrar por los suelos.
En el actual debate sobre quienes asumen el papel de gobernantes parecería que los que controlan actualmente la política española tienen aversión a lo científico y lo académico. En la situación de excepcionalidad que se está viviendo proliferan los análisis más o menos profundos o demagógicos sobre quien controla las decisiones políticas de los países. De algunos de estos análisis se podría sacar la conclusión de que los actuales gobernantes priman los aspectos corporativos de la burocracia sobre los aspectos creativos que representan la ciencia y la educación. O también que se aprovecha para sacar partido económico de actividades como la sanidad frente a las necesidades sociales o para promocionar algunas ideologías concretas en la educación. Seguramente son todas estas visiones excesivamente simplistas. En cualquier caso parece obvio que investigación, educación y cultura no son prioridades de los actuales gobernantes españoles. Y sería interesante conocer si hay alternativas concretas en alguna fuerza de la oposición.

Quizá podríamos proponer un partido de científicos para tratar de ganar el poder, aunque es previsible que no superar en votos al Partido Pirata. Ni los científicos harían campañas electorales eficaces ni tampoco hay ninguna evidencia de que los científicos fueran buenos gobernantes. Pero no parece razonable en un país que debería salir de la crisis con un modelo económico y social distinto, que se marginen o se arruinen aquellas actividades que están en la base de nuestras opciones de futuro. Sobre todo cuando son aquellas actividades que los ciudadanos más respetan. Quizá deberíamos encontrar vías para transmitir de forma clara a los ciudadanos cuáles son aquellas opciones políticas que respetan a aquellos colectivos que los ciudadanos respetan y cuáles las están hundiendo para que estos tomen sus decisiones con pleno conocimiento de causa. Y si la ciencia no acaba controlando el poder podría exigirse que al menos este muestre algún nivel de respeto hacia ella.

Pere Puigdomènech es profesor de Investigación del CSIC.

 

El gobierno de la I+D+i

Lograr posiciones relevantes en investigación científica requiere políticas sostenidas en el tiempo. En España hemos pasado de una fase de expansión poco exigente a un parón brusco que nos hará retroceder

Carlos M. Duarte

Una de las acepciones del término “gobernar” en el diccionario de la RAE es “obedecer al timón” y es que el gobierno, de un país o una institución, tiene mucho que ver con la navegación. Pero algunas embarcaciones, como las lanchas fueraborda, responden muy rápidamente a cambios en el timón, mientras otras responden muy lentamente, como los cargueros supercontenedores.
Un supercontenedor de más de 200 metros de eslora cargado tiene tanta inercia que navega unos 13 kilómetros hasta alcanzar la velocidad de crucero y necesita otros tantos para detenerse. Cuando el capitán decide cambiar el rumbo necesita anticipar e iniciar la maniobra varios kilómetros antes de tomar el rumbo que desea. Por eso las maniobras de un supercontenedor se planifican y se ejecutan con mucha antelación y solo se baja palanca para gestionar riesgos o arribar a puerto. En las últimas cuatro legislaturas nuestros gobernantes han gobernado la I+D como si fuese una lancha motora de paseo, sin darse cuenta de que la ciencia es un carguero supercontenedor cuyo gobierno requiere de conocimientos de navegación apropiados.
¿Porqué se comporta la ciencia como un supercontenedor y no como una lancha fueraborda? La respuesta está en el largo período necesario para la formación de investigadores y para que una idea se convierta en una realidad con suficiente capacidad transformadora como para introducir innovaciones y oportunidades de desarrollo económico o social.

La formación de un investigador desde el inicio de una tesis de doctorado hasta su asimilación como investigador independiente requiere de al menos 10 años en un sistema de I+D “saludable”. Las oscilaciones en el acceso de jóvenes estudiantes al doctorado repercute sobre los recursos humanos de I+D una década más tarde.
El desarrollo desde que surge una idea hasta que se logran resultados y aplicaciones concretos requiere de al menos una década. Formular una idea capaz de perforar y ampliar las fronteras del conocimiento establecido puede llevar varios años. Una vez esta idea se concreta en propuestas de investigación es necesario dedicar dos o más años a conseguir la financiación para desarrollarlas, lo que llevará otros tres o cuatro años, y frecuentemente será necesario encadenar un par de proyectos para completar la investigación. La aceptación de estos resultados por la comunidad científica a través de su publicación en revistas científicas exigentes requiere de dos a cinco, o más, años. De hecho, ver una idea rompedora aceptada suele ser más exigente en tiempo y esfuerzo que una que solo matiza un paradigma ya existente. El tiempo de maduración de las ideas, desde la siembra a la cosecha, excede una década.
Los ciclos políticos, marcados por la duración de las legislaturas, son completamente inapropiados como marco de referencia para gestionar la política de recursos humanos y financiación de la I+D+i. No por muy repetido es menos necesario insistir en que la ciencia se debe gestionar desde estructuras independientes del poder político, que rindan cuentas a los representantes electos, desarrollando políticas con horizontes de continuidad de décadas, y un gobierno, en el sentido marinero, de la I+D+i suave, con cambios de rumbo y velocidad graduales, con la vista puesta en el horizonte, no en la proa.

Tan perjudicial es una fuerte aceleración como un frenazo en seco. La aceleración de la inversión en I+D en la primera legislatura de Zapatero creó enormes expectativas, pero también grandes ineficiencias: proliferaron infraestructuras “singulares”, muchas veces innecesarias u otorgadas por criterios puramente políticos o de “café para todos” sin evaluación independiente. Hablando de barcos... se dio una proliferación excesiva de buques oceanográficos en distintos departamentos de la administración —aún en 2012 España botaba un nuevo buque oceanográfico tras haber botado otro el año anterior— cuando las necesidades reales se podrían haber atendido con una flota menor pero mejor coordinada. Pero no se trata solo de barcos, sino de la proliferación como setas de “el mejor centro de biomedicina de Europa”, uno en cada capital de provincia, que también se ha demostrado insostenible. Estas infraestructuras (edificios, buques, bases polares, etcétera) suponen una carga que ha demostrado ser insostenible para nuestro débil sistema de I+D. Es la extensión del ladrillazo a las políticas de I+D.
La proliferación de plazas de investigadores durante los años de bonanza llevó a una caída de los niveles de exigencia hasta niveles mínimos. La congelación de los puestos de trabajo por tercer año consecutivo en 2013 supone que ni siquiera los mejor preparados tienen oportunidad alguna. Vemos marchar a los "Mesi" de la ciencia por no poderles ofrecer un sueldo equivalente a lo que Mesi gana en unas horas. Esto es injusto para los investigadores de calidad que han quedado actualmente sin opciones en España y genera un coste elevadísimo en mantener hasta su jubilación a investigadores que no contribuyen al desarrollo de la I+D al nivel exigible.
Impulsados por la abundancia, el movimiento de jóvenes investigadores “precarios” se empeñó en profesionalizar la formación científica. El resultado es que desde el año 2012 las becas de doctorado se reemplazaron por contratos con un coste que duplica al de las becas, a la vez que se daba una caída de más del 50% en la financiación para formación de doctores (de la administración central, comunidades autónomas, organismos de I+D y sector privado). Esto ha llevado a una caída sin evaluar, pero posiblemente en torno al 70%, en el número de doctores que han iniciado su formación en 2012. En Australia, desde donde escribo, uno de los países con un mercado laboral más dinámico y mayor inversión en I+D (>3% del PIB) del mundo, los estudiantes de doctorado tienen becas; son estudiantes, no trabajadores y no se sienten “"precarios” por ello.

La profesionalización egoísta, por el colectivo que la reivindicaba, y miope, por no haber pensado en sus consecuencias, del doctorado es en buena parte responsable de que los jóvenes que ahora acaban la universidad no puedan iniciar una carrera investigadora, si es que les quedan ánimos.
Las consecuencias del colapso de la inversión pública en I+D en los últimos dos años, casi un 40% en términos reales, no se notará hoy ni mañana, sino a partir de 5 a 10 años, pues de nuevo en términos marineros seguimos avanzando con la “arrancada” (impulso) de los últimos años. Entonces veremos una caída apabullante en nuestra posición internacional que nos llevará mucho más atrás de donde partimos al arrancar la primera Ley de la Ciencia, pues entre tanto decenas de países como China, India, Singapur, Brasil, Chile y Malasia, entre otros, nos habrán sobrepasado.
El sistema de I+D se debe gestionar con crecimientos y objetivos estratégicos mantenidos en horizontes de tiempo de décadas. Es necesario crear un sistema que permita ahorrar recursos durante los años positivos del ciclo —en vez de dilapidarlos— de modo que el crecimiento y las trayectorias se puedan mantener durante los años de vacas flacas. El modelo más inmediato habría sido el Fondo Nacional de Pensiones. Lamentablemente, el Gobierno ya ha empezado a meter mano en esa hucha, que debiera usarse solo para garantizar las pensiones en el futuro. Las verdaderas reformas requerirían crear estas estructuras y mecanismos para el buen gobierno de la I+D, pero el Gobierno llama reformas a lo que es solamente destrucción.
Hacer arribar el buque de la I+D a buen puerto requiere de un buen gobernante y un buen gobierno que entienda que las maniobras de aceleración y desaceleración han de ser suaves y que entre la acción y la respuesta hay una separación de más de 10 años. Lamentablemente la irresponsabilidad de nuestros gobernantes nos va a llevar a una larga, muy larga, y penosa travesía del desierto, aunque en términos marineros el riesgo es de naufragio.

Carlos M. Duarte es profesor de investigación del CSIC.

La I+D sufre un nuevo recorte por sorpresa

El tijeretazo del Gobierno en investigación alarma a los científicos (El Pais, 25-01-2013)

El presidente del CSIC ve inevitable el cierre de parte de sus departamentos

El recorte de 600 millones de euros en investigación científica y tecnológica anunciado por el Gobierno en su plan de choque de recortes ha sentado como una bomba en un sector que ya viene sufriendo restricciones económicas severas en los últimos años y que se acerca peligrosamente al límite del colapso. La pura actividad de algunos centros públicos de I+D está en juego, según los expertos. Además, la medida puede agravar la fuga de cerebros, y precisamente de los mejores jóvenes investigadores, los más productivos, que son los que más fácilmente encuentran ofertas en otros países.
En este contexto, España sigue estando muy lejos del objetivo del Plan Nacional de I+D+i de alcanzar una inversión en ciencia y tecnología del 2% (la media de la UE) de su PIB en 2011, quedándose en torno al 1,37%. Ahora se ha anunciado un fuerte recorte más. El panorama no es nada fácil para la nueva secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, recién nombrada por el Consejo de Ministros, aunque ha supuesto un respiro el anuncio oficial, en el último día del año pasado, de la convocatoria anual de financiación para los proyectos del Plan Nacional.

"La rebaja sitúa la financiación de I+D al nivel de 2005", lamenta Andradas

España se alejará todavía más de la vanguardia tecnológica europea

"La medida de recorte de los 600 millones provoca extrema preocupación", señala Rafael Rodrigo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). "Para este organismo, cualquier recorte significará el cierre de algunos centros y actividades", explica.
"Estamos ya al borde del funcionamiento y cualquier rebaja más.... Mejor sería cerrar porque mantener esto abierto sin actividad no tiene sentido", apunta Cayetano López, director general del Ciemat, otro gran organismo público de investigación (OPI), dedicado a sectores estratégicos que se reflejan en su propio nombre: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Los 600 millones del nuevo recorte serán en subvenciones y en préstamos, pero el Gobierno no ha especificado más. Conviene conocer algunas cifras: el presupuesto de 2011 para todas las actividades de I+D+i (Ciencia, Desarrollo e Innovación) englobadas en los diferentes departamentos, lo que se denomina Función 46, fue de unos 8.600 millones de euros, desglosados en 5.200 de créditos y 3.400 de subvenciones y transferencias, incluyendo sueldos y gastos corrientes de funcionamiento de todos los organismos estatales de investigación. Y esos 8.600 millones suponen un recorte del 8% respecto a 2010, año en que la reducción fue del 15% respecto a 2009.
El CSIC contó en 2011 unos 800 millones, de los cuales unos 420 procedían del presupuesto estatal y 380 los obtuvo mediante contratos con empresas, programas de la UE y subvenciones a los investigadores en sus proyectos competitivos, explica Rodrigo. Pues bien, si en 2011 el CSIC recibió 420 millones del presupuesto estatal, en 2008 habían sido 600 millones, y en 2010, 480 millones. El recorte es muy significativo. "Pedimos para 2012 al menos un incremento del 4% o el 5%", añade Rodrigo. Explica, además, que la caída de la financiación limita la captación de fondos en contratos y proyectos, ya que se reduce el personal para desarrollarlos.
El panorama del Ciemat es tan difícil o más que el del CSIC. "En 2010 recibimos del Ministerio de Ciencia e Innovación 66 millones de euros, un 30% menos que los 96 millones de 2009", explica Cayetano López. A esta cantidad hay que añadir en torno a 30 millones logrados en contratos y proyectos. "Pero cada vez es más difícil captar esos fondos competitivos", puntualiza el director del Ciemat. "Los programas de la UE, por ejemplo, son de cofinanciación y no puedes acceder a ellos si no tienes capacidad de poner una parte, por lo que son los países que tienen mas dinero en I+D quienes se los llevan". Tras el recorte tremendo de 2010, el presupuesto del Ciemat se congeló en 2011, "pero se debería hacer un cálculo de los recortes acumulados en I+D en los últimos años, que son superiores a la media de la Administración pública en general", puntualiza López.
Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) se han llevado en los últimos años el peso mayor en las reducciones en I+D, pero las escaseces tienen más alcance. Por ejemplo, se han producido retrasos en el pago de las contribuciones españolas a organismos internacionales, como el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) o la Agencia Europea del Espacio (ESA). Estas instituciones, cuando un país miembro no aporta a tiempo su contribución abre una línea de crédito por el importe debido y los intereses recaen en el moroso.
En menor medida que los OPI, pero sin salvarse del problema, están los proyectos del Plan Nacional. En 2010, el dinero asignado por Ciencia e Innovación como subvenciones para dichos proyectos se quedó en 300 millones, frente a los 350 de 2009. En 2011 la cantidad fue de 325 millones y con la misma cifra como máximo autorizado ha salido ahora la convocatoria para 2012 (ya firmada por el Ministerio de Economía y Competitividad).
"Los recortes sitúan ahora la financiación de la I+D en los niveles de 2005 aproximadamente, y los 600 millones menos suponen un flaco favor para la nueva secretaria de Estado, Carmen Vela", considera Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce). "Habíamos insistido, desde la Cosce, en varios puntos: que se mantuviera un Ministerio de Ciencia o, al menos, que figurara el nombre en el título de algún departamento ministerial; que no se desagregase el sistema por la enorme ineficacia que generaría; que no se redujera el presupuesto. Vamos en cadena hacia atrás y confirmándose los malos presagios", concluye Andradas.
No se sabe aún cómo se distribuirá esa reducción de 600 millones, ya que el plan de choque del Gobierno solo indica que será en subvenciones y en créditos. Esta segunda parte, la de los préstamos reembolsables (dirigidos sobre todo a las empresas, dada la situación en las Administraciones Públicas y las Universidades) se ha sobredimensionado en los presupuestos de los últimos años de manera que los recortes quedaran aparentemente atenuados en las cifras globales de I+D público.
Luego, a la hora de la verdad, el ministerio que dirigía Cristina Garmendia se ha quedado corto en la ejecución (la utilización) de ese montante previsto para créditos, por lo que si se reduce ahora la cantidad inicial de dinero disponible para préstamos el efecto no sería muy dramático. Además, en los últimos dos años ha caído notablemente el esfuerzo en I+D del sector empresarial español. Pero si mengua el capítulo de subvenciones el sistema de I+D sufrirá daños de difícil reparación a corto y medio plazo, señalan los expertos.
"El sistema de ciencia en España es aun muy frágil y el apoyo económico debe, al menos, mantenerse. Este recorte de 600 millones es justo lo contrario de lo que debería hacerse", afirma Nazario Martín, presidente de la Real Sociedad Española de Química. "El sistema en España va ya muy justo y una reducción de financiación de esta dimensión tendrá un enorme impacto".
El Pan Nacional de I+D+i 2008-2011, prorrogado un año más por el anterior Gobierno, fijaba como objetivo a lograr al término del mismo el 2% del PIB en inversión en ciencia y tecnología, es decir, la media de la UE. En los primeros Gobiernos de Rodríguez Zapatero, y hasta 2008, el incremento del gasto en estas actividades fue muy notable, pero los recortes posteriores han contrarrestado prácticamente dicho crecimiento y España entra en 2012 con un 1,37% del PIB, mientras que la mayoría de los países desarrollados han mantenido o incrementado su esfuerzo en I+D en estos años de crisis. La distancia que sacan a España va a ser cada vez mayor, en lugar de menor, si continúa en declive el esfuerzo en ciencia y tecnología.

La Sanidad en tiempos revueltos

La crisis que estamos viviendo tras décadas de prosperidad amenaza al sistema sanitario que nos ha permitido equipararnos a otras sociedades privilegiadas con paraguas protectores semejantes que permiten vivir más y mejor y sentirse amparados ante la enfermedad y la muerte.
Aunque la catástrofe económica pone en cuestión la continuidad del actual modelo público sanitario (en lo más alto de la consideración popular), es seguro que la sociedad no quiere renunciar a él. Por eso conviene que nuestros responsables políticos (situados precisamente en lo más bajo de dicha consideración popular) absorban más información sobre estos asuntos de la que suelen pedir.
Tras 47 años al servicio de la sanidad pública y de la Universidad, me permito recordarles las prioridades que deberían inspirar la toma de decisiones sanitarias en estos tiempos revueltos:

1. Respeto a los pacientes

Hay que ofrecer a cada uno las mismas oportunidades en todo el territorio nacional. Se ha atomizado la asistencia compleja entre comunidades autónomas olvidando que sus poblaciones son dispares y que se trata mejor una enfermedad complicada donde se hace a diario que donde se hace ocasionalmente. Es imprescindible una regionalización o centralización de esta patología ya juiciosamente aceptada, por ejemplo, para la diálisis, las lesiones medulares, la hemofilia o algunos trasplantes.
Del mismo modo que no hay capitanías generales, arzobispados o tribunales supremos en todas las autonomías, no puede haber todos los servicios en todas ellas y dichas comunidades no tienen derecho a dificultar la transferencia de pacientes entre ellas hasta el punto de que no podamos ofrecerles calidad uniforme. Han de jerarquizarse y concentrarse los hospitales, no por autonomías, sino en función de la complejidad que sean capaces de asumir. Crear hospitales sin delimitar previamente su nivel funcional dispersa los pacientes complejos perjudicándoles y encareciendo los costes. Restablecer la equidad concentrando la complejidad puede ser doloroso para autonomías, centros y profesionales, pero es imprescindible. Este fenómeno se ha acentuado enormemente en Madrid con la atomización inducida por la apertura simultánea de múltiples hospitales a los que se ha asignado más procesos complejos de lo que era realmente necesario.

2. Basar en la evidencia las decisiones políticas

A los médicos y a los científicos se nos piden decisiones basadas en la evidencia. Protocolos y vías clínicas son rígidamente auditadas y a los sanitarios nos exigen responsabilidades cuando actuamos al margen de ellos. Las publicaciones científicas son críticamente escrutadas por expertos antes de aceptarse. Nada de esto ocurre con los políticos, quienes no se sienten obligados a responder de lo que hacen y a justificar por qué lo hacen.
Quizás creen que ser elegidos cada cuatro años les absuelve, por ejemplo, de abrir nuevos hospitales superfluos del mismo modo que sembraron el país de aeropuertos, autopistas de peaje y palacios de la música infrautilizados. Por eso suelen hacerlo sin transparencia y camuflando que no pagan (pagamos) al contado, sino con hipotecas, cuyas amortizaciones caerán sobre... sus sucesores.
Cuando está en riesgo un sistema sanitario público eficaz, tan caro en parte por culpa de estos políticos, no es de recibo pretender sin más que es más barato privatizarlo. No hay ninguna evidencia, sino más bien todo lo contrario, de que los hospitales privatizados sean más beneficiosos que los públicos, salvo para las empresas concesionarias (júzguese por los resultados de la comunidad valenciana o en el Reino Unido).
Es cierto que la gestión, o incluso la propiedad privada de hospitales puede ser eficiente, pero de ninguna manera se pueden equiparar centros públicos y privados sin que la concesión y la gestión de estos últimos sean transparentes y de que las exigencias de calidad sean las mismas para ambos. Esto no es un problema ideológico, sino técnico y requiere luz, taquígrafos, debate y sólida asesoría.

3. Respeto a los profesionales

Con los años que llevo a cargo de amplios equipos humanos y cuantiosos recursos, yo podría ser consejero o ministro de algo, quizás con más méritos que responsables sanitarios de formación jurídica o económica, pero ni se me pasaría por la cabeza tomar decisiones técnicas sin la debida asesoría.
Nuestros políticos parecen no profesar respeto alguno por quienes hemos construido un sistema sanitario universalmente reconocido. No solamente deciden cambios radicales sin consultarnos, sino que no nos escuchan al fijar el número de residentes, nos alejan de la gestión económica (siendo nosotros los principales determinantes del gasto), nos remuneran mal y nos ningunean siempre. Además, han acabado con las reglas del juego para el reclutamiento de especialistas sin las cuales es imposible abordar con justicia una trayectoria profesional.
Como no hay periodicidad conocida en la convocatoria de concursos/oposiciones y las OPES se hacen cada década, un tercio de los especialistas hospitalarios son "interinos" o "eventuales". Nadie debe engañarse: estos maltratados profesionales exquisitamente entrenados, pero sin estabilidad, trienios, o reconocimiento profesional alguno, son los que llevan a cabo, a veces durante lustros, las más complejas y esforzadas tareas.
La conducta de los responsables políticos durante la reciente crisis madrileña muestra bien esta total falta de respeto que parece un disparate. ¿Pueden removerse los cimientos de cualquier estructura con todos los estamentos implicados en contra?

4. Promoción de la excelencia

No somos todos iguales en destreza o en sabiduría, y es de ley que los mejores se encarguen de las funciones más complejas, y que reciban los recursos necesarios para ello.
Considerar que hospitales sin bibliotecas, laboratorios o actividad científica demostrable son "universitarios" porque acogen alumnos es absurdo y no se les puede dar la misma consideración que a los hospitales terciarios que producen publicaciones de alto impacto internacional y que obtienen créditos competitivos para la investigación.
Del mismo modo, aplicar uniformemente procedimientos de reclutamiento de especialistas en los que prima la antigüedad sobre el mérito es un sinsentido y una mala inversión a largo plazo.
La prioridad ha de ser mantener y potenciar un sistema sanitario de calidad aunque sea controlando los gastos. Con la ayuda de los profesionales sanitarios es posible, pero sin ella no.
¿Hay alguien allá arriba?

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* Juan A. Tovar, jefe de servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La Paz y Catedrático de la UA

Plataforma de Laboratorios Contra la Centralización

http://laboratoriospublicos.wordpress.com/


COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE LABORATORIOS
CONTRA LA CENTRALIZACIÓN (PLCC)

La Plataforma que integra a todos los trabajadores de los Laboratorios de los
Hospitales Públicos de Madrid (PLCC), desea manifestar su adhesión a las
movilizaciones (manifestaciones, convocatorias de huelga, concentraciones,
etc.) que están siendo promovidas por asociaciones profesionales, sindicatos y
plataformas ciudadanas y que tienen por objeto la retirada del Plan de
Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la
Comunidad de Madrid.
En lo referente a los laboratorios, este plan pretende su concentración en
cuatro Hospitales, lo que supondría un grave deterioro de la calidad
asistencial, según se explicó en el comunicado difundido por la PLCC el
28/11/12 y en la carta enviada al Consejero de Sanidad (pasada por registro el
pasado 20/11/12).
Así mismo, la PLCC desea comunicar que, siendo los laboratorios una de las
áreas profesionales más afectadas por el denominado Plan de Sostenibilidad,
sus representantes deben formar parte de todos aquellos foros de debate y
negociación que se establezcan.

Madrid 15/12/2012