sábado, 28 de septiembre de 2013

A más gasto sanitario, más supervivencia al cáncer

· Los enfermos de países con más presupuesto tienen mejores expectativas
· España se sitúa en el grupo intermedio de Europa


El gasto sanitario está directamente relacionado con las posibilidades de sobrevivir a un cáncer. Cuanto más gasta un Gobierno en sanidad, menor es la mortalidad por esta enfermedad. La asociación entre gasto y resultados en salud es más evidente en el caso del cáncer de mama, según un estudio que publica mañana la revista científica Annals of Oncology. El trabajo se ha presentado en el Congreso Europeo de Cáncer que se celebra estos días en Ámsterdam.
Los autores utilizaron datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de incidencia y mortalidad por cáncer y examinaron su asociación con el gasto en sanidad por persona en 27 países de la UE (todos menos Croacia, el último incorporado). El resultado fue una fuerte correlación inversa entre gasto sanitario y supervivencia al cáncer tras el diagnóstico: a más gasto, la mortalidad es menor. Aunque la investigación no analiza las causas de esta asociación, los autores sugieren que puede deberse a que un mayor gasto permite diagnósticos más precoces y tratamientos más efectivos y accesibles.
Los investigadores vieron que en los países que gastan alrededor de 3.500 dólares (2.588 euros) al año por persona en sanidad, la mortalidad para todos los tipos de cáncer alcanza al 45% de los pacientes diagnosticados. Si se aumenta el gasto en 500 dólares (369 euros), la mortalidad se reduce un 5%, hasta el 40%. “La mortalidad disminuye cuanto más se invierte en sanidad, aunque a medida que aumenta el gasto, las ganancias marginales en mortalidad se reducen”, ha explicado a EL PAÍS el autor principal del estudio, Felipe Ades, oncólogo del Instituto Jules Bordet y profesor de la Universidad Libre de Bruselas.
La importancia del gasto sanitario aumenta en el caso del cáncer de mama, tal y como se imaginaban los investigadores, que decidieron elegir este tipo de tumores por la importancia de los programas de cribado y la efectividad de los tratamientos existentes. El trabajo compara Europa Occidental y Oriental. “Aunque la mortalidad por cáncer de mama es similar en todos los países europeos, al calcular la proporción de muertes por casos diagnosticados encontramos que una fracción menor de pacientes fallecieron en los países de Europa Occidental”, ha relatado Ades.
El trabajo ha despertado especial interés entre la prensa española presente en el congreso, al que EL PAÍS acude invitado por Boheringer Ingelheim. Dados los resultados del mismo, “es probable que las políticas de austeridad provoquen un aumento de la mortalidad por cáncer”, ha afirmado Ades. Los datos utilizados por los autores son de 2008 y no analizan tendencias, por lo que no es posible medir el efecto que ha tenido la crisis y los recortes. España ocupaba ese año el puesto número 13 en niveles de gasto y era el tercero por la cola entre los países de Europa Occidental, solo detrás de Grecia y Portugal. Y eso antes de que el gasto en salud descendiera por primera vez en 2010 (un 5%) y volviera a hacerlo en 2011 (y años sucesivos) debido a los recortes, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El indicador del Banco Mundial que utilizan los autores incluye la suma del gasto público y del gasto privado, pero solo el primero se considera relevante dado que el segundo es poco significativo en la mayoría de países europeos. España gastó 3.125 dólares (unos 2.300 euros) en 2008, una cifra similar a la que habitualmente maneja la OCDE, aunque la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) reduce mucho la cifra hasta los 1.492 euros por persona. Ades no ha podido explicar esas diferencias. “Lo que importa es la relación entre gasto y mortalidad”, ha dicho el investigador. “A menos gasto, más muertes después del diagnóstico”, ha concluido.
El estudio no tiene en consideración condicionantes como las características genéticas, los estilos de vida, la exposición ambiental o las infecciones, así como otros factores que influyen en la incidencia del cáncer. Además, la mayor incidencia de la enfermedad en los países más ricos también puede estar relacionada con una mayor detección precoz. Los autores volverán a analizar nuevos datos en 2014.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

CARTA AL MINISTRO: Señor ministro, no nos defraude otra vez

En 2102 solo se utilizó el 54% del dinero inicialmente asignado a I+D+i

Recientemente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que en 2014 el presupuesto de I+D+i experimentará un aumento, por primera vez desde que comenzó la crisis. Se trata de una buena noticia, aunque habrá que esperar a ver cómo se concreta en cifras, de modo que no defraude las expectativas de la comunidad científica española, próxima ya a su nivel de saturación de declaraciones que no se corresponden con los hechos.
Para ello los incrementos deben ser significativos, aplicarse en los capítulos en los que se necesitan y ejecutarse íntegramente, no sea que nos encontremos con la paradoja de contar con un presupuesto aprobado mayor, pero con menos dinero disponible, como ya ha ocurrido en el pasado. Y es que, después de las duras peleas parlamentarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estos parecen, a veces, papel mojado. Permítanme explicarme tomando como ejemplo el año 2012, el último ejercicio presupuestario cerrado, aunque lo que se describe no es un hecho particular ni aislado de ese año.
La cantidad aprobada en los PGE para I+D+i en 2012 en el Parlamento fue de 6.393,59 millones de euros (lo que supuso ya un 25% menos que en 2011). Pues bien, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el dinero finalmente consignado como presupuesto disponible para I+D+i fue de 5.049 millones, es decir, ¡1.340 millones menos de lo aprobado! ¿Estábamos los ciudadanos al corriente de esto? ¿Lo estuvieron / están los parlamentarios? Entonces, ¿para qué la pantomima de los 6.393 publicados en el BOE? ¿Para contar con una cifra suficientemente abultada con la que guardar las apariencias? De nada servirá incrementar la cifra inicial del presupuesto, si después el crédito final disponible (que en general ya pasa desapercibido o no es definitivo hasta muy avanzado el año) no se corresponde con esta cantidad.
Pero esto no es todo. Del presupuesto final consignado (esos 5.049 millones) solo se ejecutó el 54,7%. Es decir, prácticamente la mitad del presupuesto, ya de por sí extraordinariamente mermado, quedó sin utilizar y retornó a las arcas del Estado. Los 6.393 millones de partida que ya nos parecían insuficientes se han quedado reducidos a 2.764 sin una mínima explicación o sonrojo. Claro, es un negocio redondo para Hacienda. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Que tengamos poco y no lo utilicemos? ¿Ineficacia? En absoluto, todo perfectamente previsto. Para entenderlo necesitamos recordar que el presupuesto de I+D+i se divide en dos grandes grupos: las subvenciones (dinero que el Estado da a las instituciones) y los préstamos (dinero que el Estado presta a las instituciones receptoras, que después deben reintegrar en los plazos e intereses que se estipulen).
Los préstamos constituyen más de la mitad del presupuesto total de I+D+i y el dinero no gastado proviene esencialmente de ellos. Por ejemplo, de su parte en I+D+i, el ministerio ejecutó solo en torno a la tercera parte de su presupuesto final en ese capítulo. Esto viene sucediendo así año tras año, como hemos denunciado reiteradamente desde la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE). Es muy sencillo: las instituciones públicas no pueden acceder a estos préstamos y el número de empresas privadas que recurren a ellos es muy limitado. Todos los responsables políticos lo saben, pero sin embargo, este mismo año 2013 se ha aumentado sensiblemente la partida de préstamos mientras se reducía en más de un 13% la de subvenciones. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, poner una cifra que maquille la realidad en cuanto a la inversión pública en I+D+i. Por eso, de nada servirá aumentar el presupuesto si no se pone allí donde hace falta y se utiliza, esto es, en forma de subvenciones para investigación, desarrollo e innovación.
Finalmente, el incremento debe ser significativo. Tras cinco años de descenso presupuestario continuado, la situación de la I+D+i española es tan crítica que el propio Gobierno ha tenido que aprobar partidas extraordinarias para que el CSIC, nuestro principal organismo de investigación, pueda llegar a final de año sin cerrar sus puertas y para que las actuaciones de 2013 previstas en el Plan Estatal de Investigación, aprobado por el Gobierno a comienzos de año, puedan ponerse en marcha. A título de ejemplo, recordemos que la última convocatoria de proyectos de investigación, de la que depende la mayoría de la investigación de todo el país, fue en diciembre de 2011, hace prácticamente dos años. Por consiguiente, no basta con consolidar en los presupuestos estas partidas extraordinarias: con ellas solo conseguiremos mantener el estado de latencia actual. No podemos conformarnos con eso. Hace falta un esfuerzo suplementario para recuperar la energía que el sistema científico español ha demostrado en los últimos años y para frenar el éxodo obligatorio al que muchos de nuestros científicos jóvenes y menos jóvenes se ven impelidos. Hace falta lanzar un mensaje nítido a los jóvenes de qué modelo de sociedad queremos. Y uno tiene la inevitable sensación de que, como dijo Tony Judt, “algo va mal” cuando un solo jugador de fútbol cuesta más que todo el plan estatal de formación de doctores.
La ciencia y la tecnología son la base de la economía del futuro de las naciones. Los ciudadanos así lo perciben cuando en una encuesta reciente han señalado al colectivo de científicos como el que les generaba una mayor confianza. Los investigadores somos gente entusiasta y deseosa de devolver a la sociedad esa confianza con nuestro trabajo y que este repercuta en el bienestar social. Como ya hemos dicho en varias ocasiones necesitamos regularidad en el sistema, certidumbre y predictibilidad. Y para ello el incremento presupuestario debe ser significativo, en forma de subvenciones y que se ejecute en su totalidad. Señor ministro, no nos defraude otra vez.
Carlos Andradas es presidente de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE), miembro del Colectivo Carta por la Ciencia.

martes, 17 de septiembre de 2013

Despedida de una científica que está haciendo las maletas


Tras cinco años en España, con un contrato Ramón y Cajal, el desplome de la I+D impone de nuevo la emigración a Estados Unidos

Estimado Sr. Presidente,
Aprovechando el periodo estival, y para minimizar los costes de mi próximo traslado trasatlántico, estoy haciendo limpieza de mi oficina en el CSIC y me gustaría devolverle algunos documentos que ya no voy a necesitar.
Adjunto le devuelvo el certificado oficial de haber superado positivamente la evaluación del Programa I3, el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora. Agradezco el detalle del Ministerio de Economía y Competitividad pero, en el contexto actual de la investigación en España, no entiendo los conceptos “incentivación”, “incorporación” e “intensificación” (tampoco el de “actividad investigadora”, más allá de la basal). Gracias de todos modos por comunicarme que soy “apta” para investigar; del feedback de la comunidad científica uno no se puede fiar.
Así mismo le devuelvo la homologación española del título de doctor que obtuve en EEUU y la docena de documentos necesarios para su trámite. Todos los documentos vienen con la apostilla de la Haya y las consiguientes firmas del Gobernador del Estado, traducciones oficiales y copias compulsadas con las firmas del Cónsul español en Nueva York. Se incluyen las descripciones detalladas de todas las asignaturas cursadas, que resultaron de mucho interés tanto para el Gobernador como para el Cónsul. Afortunadamente España lidera la cruzada de las homologaciones. Fuera de nuestras fronteras cualquier título original vale, un verdadero escándalo.
El documento que guardo con más cariño, y que también le devuelvo en este envío, es el BOE que describe mi contrato bajo el programa Ramón y Cajal. Subrayado en amarillo encontrará el párrafo donde se detalla el compromiso explícito de, superadas las evaluaciones pertinentes, convocar una plaza con el perfil del investigador contratado. Fue ese párrafo el que me hizo poner fin a más de una década en EEUU. También le devuelvo otro BOE, el de la Ley de la Ciencia, que reafirma ese compromiso de estabilización laboral, introducido precisamente por su grupo parlamentario en el Senado. Le envío esos documentos en una bolsa hermética, son puro papel mojado.

Por el mismo conducto le envío las 700 páginas de certificados y documentos que tenía preparados para el día en que se convocara una plaza con mi perfil, algo que nunca ocurrió. Es la documentación requerida para acreditar la veracidad de mi currículum. Recopilar esa documentación fue una labor de investigación tremendamente gratificante. Sepa usted que en los muchos trabajos que he solicitado fuera de España la documentación requerida es algo más escueta, aproximadamente de 10 páginas: un plan de trabajo y un breve currículum, que no hay que justificar porque la comunidad científica opera con un código de honor. Si quiere un día se lo explico. Sepa usted también que nunca he podido presentarme a una oposición en una universidad española por no tener la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, acreditación que, por otro lado, sólo se consigue si uno tiene una vinculación previa con una universidad española. Es curioso que ni la Universidad de Princeton ni la Universidad de California en Berkeley, donde hice hace unos años sendas entrevistas de trabajo para plazas de profesor, echaran en falta dicha certificación de aptitud. Quizá la permeabilidad tenga algo que ver con la excelencia, ahora que estamos tan preocupados por los rankings internacionales.
También le devuelvo la carta que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología tuvo el detalle de enviarme hace unas semanas a mi antigua dirección en la Universidad de Princeton. El objetivo de dicha misiva es realzar la “marca España” con un programa denominado “Ciencia Española en el Exterior”. Sepa usted que me trasladé a España hace cinco años y cuando emigre próximamente la ciencia que haga ya no será española, ni será gracias a España; seguiré haciendo ciencia a pesar de España. No se molesten en enviarme esa misma misiva a mi nuevo centro de trabajo en NASA. Ese esfuerzo ímprobo que han realizado ustedes para localizar a investigadores españoles en el extranjero, que ha llegado incluso a recopilar los viejos correos electrónicos de los que habíamos regresado hacía años, podrían canalizarlo en contactar con los investigadores que todavía están en España y cuya permanencia en el país pende de un hilo. Quizá sea interesante evaluar el alcance del problema, analizar las causas y diseñar una estrategia para buscar soluciones. ¿Cómo, que no sabe a qué problema me refiero? Al de la fuga de cerebros, esa realidad sangrante que su equipo describe como un “topicazo”. Les sugiero un nuevo eufemismo para su colección: inquietud laboral.
Ya se que tiene usted copia porque la dejamos en el Registro de Entrada, pero permítame enviarle de nuevo el CD con las 50.000 firmas de la primera Carta Abierta por la Ciencia y otro con las 80.000 firmas de la segunda. Y una sugerencia: en la verja del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyas puertas cerraron a cal y canto el pasado 14 de junio ante la llegada de la mayor manifestación de investigadores en la historia de España, tenga usted disponible, por favor, un rollo de celo. Lo digo para que podamos pegar en la verja la siguiente carta abierta por la ciencia, como pasó con nuestra última carta. O ponga usted un corcho. Entiendo que ambas cosas, el celo y el corcho, excedan el presupuesto de la I+D(*) en España; nos apañamos con uno u otro.
También le devuelvo todas las afirmaciones que su equipo ha hecho de cómo España sigue apostando por la I+D(*). Deduzco que esa apuesta fue hecha en Eurovegas y perdimos. Le devuelvo esas afirmaciones con el mismo afecto con que las recibimos. En realidad usted personalmente no miente, porque no ha dicho nada, absolutamente nada al respecto. Pero aquí le envío los contactos de los 156 periodistas nacionales e internacionales con los que hasta ahora he tenido el placer de hablar sobre su política científica, por si algún día se decide a decirles algo sobre este asunto. Somos todo oídos.
En este abultado envío también le adjunto mi certificado de empadronamiento y dudo si devolverle o no el pasaporte de mi hija de nueve meses; tiene doble nacionalidad pero nuestro futuro en España es tan incierto que me pregunto si volverá a necesitar el pasaporte español. Ahí le van. Se los envío con un nudo en la garganta, el nudo doble de los que se enfrentan a la emigración por segunda vez.
Por último, y a cambio de todos estos documentos que le devuelvo, le pido tan sólo una cosa: devuélvame usted mi dignidad como investigadora, y en el mismo envío, si no le es mucha molestia, devuélvasela a toda la comunidad de investigadores en España, y no se olvide de los de humanidades.
Mariano, durante su legislatura la investigación en este país se está hundiendo irremediablemente hacia el abismo de la fosa de las Marianas. Y si bien es cierto que nuestros colegas científicos han descubierto que hay vida allá abajo, sepa usted que es bacteriana.

Un cordial saludo,

Una investigadora.

(*) P.S. I+D significaba Investigación y Desarrollo.

Amaya Moro-Martín es investigadora Ramón y Cajal del CSIC y promotora de la Plataforma Investigación Digna