Un consultor en la sanidad pública

Boi Ruiz cobró 330.000 euros del sector sanitario en los dos años antes a ser nombrado consejero

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/13/catalunya/1360714264_940796.html

El consejero de Salud, Boi Ruiz, aprovechó una comparecencia en el Parlament en plena canícula y justo antes de las vacaciones, el 28 de julio de 2011, para anunciar una medida que iba a cambiar las reglas del juego en la sanidad pública: los catalanes perdían la garantía de 180 días que, desde 2007, tenían como espera máxima para ser operados de las 14 dolencias más comunes en los hospitales de la red pública, la XHUP. Ruiz recurrió a un eufemismo para presentar la medida —un nuevo modelo de gestión “basado en criterios clínicos”— y se quejó amargamente de la reacción airada que buena parte de la ciudadanía había tenido ante la catarata de recortes adoptados por Salud desde su llegada al cargo, siete meses antes: paralización de siete nuevos hospitales, recorte del 10% del presupuesto, cierre de servicios de urgencias...

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“Si quieren que los ciudadanos se calmen, ayúdenme a explicar las cosas”, pidió Ruiz a los diputados de la oposición antes de reprocharles que utilizaran “la demagogia para asustar a los usuarios” de la sanidad pública.
Quienes se hubieran llevado un buen susto, sin embargo, hubieran sido los propios diputados —también muchos de CiU, han admitido varios de ellos— si hubieran tenido acceso a dos documentos que por esas mismas fechas circulaban por los despachos de un reducido núcleo de responsables del Departamento de Salud. Uno de ellos proponía dividir el Instituto Catalán de la salud (ICS) —que gestiona ocho grandes hospitales públicos y cerca de 300 centros de atención primaria (CAP)— en una veintena de empresas, que deberían someterse a las reglas del mercado y serían abiertas al capital privado. El segundo — elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) y publicado ayer por EL PAÍS en su edición digital— propone vender una decena de entidades y empresas públicas y entregar a la gestión privada 18 hospitales y 45 CAP, entre otros centros.

Boi Ruiz, consejero de Salud.

“Es una bomba, el fin de la sanidad pública tal y como la conocemos”, áfirmó el pasado lunes la exconsejera Marina Geli (PSC).
En términos muy parecidos se han manifestado los dos últimos días la práctica totalidad de partidos y sindicatos catalanes. El último en posicionarse fue ayer ERC, que a través de su secretaria general, Marta Rovira, mostró su oposición al proyecto y dejó claro que los republicanos no quieren “privatizar ni un hospital”, informa Alejandra Marly. La Generalitat y CiU, por su parte, han optado por desmarcarse del plan de PWC. El último, ayer, el portavoz del Gobierno catalan, Francesc Homs, que negó que la Generalitat “haya encargado ningún informe” y retó a buscarlo el en DOGC, donde “están los que cuestan más de 3.000 euros”. El texto de PWC recoge, sin embargo, que “este informe se ha realizado (...) para y solo para el Departamento de Salud y según los términos de nuestra carta de contratación”.

Roser Fernández.

Muy parecidas fueron las reacciones en octubre de 2011, cuando también este diario publicó el plan para desmembrar el ICS, cuya división ya ha empezado aunque las empresas hijas siguen siendo enteramente públicas. Pero reacciones aparte, las claves de los dos documentos se esconden en el propio Departamento de Salud y en las posiciones ideológicas que defienden la entrada masiva de capital privado en la sanidad pública. “Domina [en Salud] una aversión casi visceral hacia lo público. Todo lo que suena a funcionarización, a control sobre los gestores, es visto como un obstáculo a la agilidad y autonomía de gestión, defendida como valor supremo”, explica un alto funcionario de Salud. “Y el ICS es el paradigma de todo lo negativo. Los controles previos, cierta rigidez en el gasto.... Todo él es visto como un bunker a demoler”.
Esta es la ideología dominante entre la cúpula de la patronal sanitaria —la Unió Catalana de Hospitals (UCH)— cuyos responsables fueron elegidos por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para dirigir la sanidad pública en tiempos de recortes. Boi Ruiz era la cabeza visible, pero de su mano también llegaron a Salud Roser Fenández —entonces directora general de UCH, ahora secretaria general del departamento— y Josep Maria Padrosa, actual director del CatSalut y proveniente de un potente grupo sociosanitario privado.

Josep Maria Padrosa.

A ellos se unió, llegado de Reus, Josep Prat, uno de los hombres más respetados (y temidos) de la sanidad catalana. Máximo responsable de la empresa municipal Innova, Prat fue elegido por Mas como miembro de su consejo asesor y nombrado presidente del ICS. Varias fuentes le consideran el impulsor del plan para desmembrar el ICS, cuya filosofía también impregna el documento de PWC. Prat tuvo que dimitir el pasado julio acorralado por los escándalos sanitarios y está imputado por pagos irregulares desde Reus al exdirector del CatSalut, Carles Manté. Todos ellos representan una forma de entender la gestión pública compatible con el sector privado en lo que son conocidas como “las puertas giratorias”, por las que un directivo del sector privado pasa a ser un alto cargo público que adopta hoy decisiones de calado que benefician a empresas que mañana pueden acabar retribuyéndole.
El consejero Boi Ruiz es un ejemplo de ello. Director general de la UCH hasta 2007, ese año pasó a ocupar la presidencia de la entidad, un cargo no remunerado, según explicó él mismo a este diario el pasado verano. “Quería crear una consultora en la que poder poner en valor todo lo que había aprendido en la UCH”, explicó. Creó junto a su esposa la sociedad Know How Advicers el 25 de noviembre de 2008, año en el que la sociedad ya facturó 30.181 euros, según los datos depositados en el Registro Mercantil. Al año siguiente, los ingresos de la consultora ya fueron de 115.408 euros, cifra que creció hasta 184.578 en 2010, año a finales del cual fue nombrado consejero. En total, Know How Advicers ingresó más de 330.000 euros en los 25 meses que van desde su fundación hasta enero de 2011, cuando según Ruiz la empresa fue dada de baja ante Hacienda.
Ante el calado de las medidas que Salud ha adoptado en los dos últimos años y el innegable impacto para el sector privado que pueden tener las que adopte en el futuro —el plan de PWC, por ejemplo, incluye un listado de las empresas que podrían estar interesadas en el posible plan privatizador—, EL PAÍS solicitó a Ruiz tener acceso a las empresas y entidades públicas para las que había trabajado para comprobar si pudiera existir algún conflicto de intereses, algo a lo que se ha negado. Ruiz se ha limitado, alegando confidencialidad, a dividir sus ingresos en porcentajes según la categoría de sus clientes: 51,70% de instituciones sanitarias privadas españolas, 22,99% empresas sanitarias (mercado internacional), 21,74% otras empresas, consultoras y organismos públicos y un 3,57% docencia.

A hit below the belt to Spanish science

Publicado en METHAGORA: A blog from Nature Methods

In a report published last Thursday, the Spanish government released a sudden modification of the established rules pertaining to the financing of research projects sentencing the research community to more hardships.

Public funds are the main financing source that Spanish science relies on. These programs, which fund research projects as well as individual investigators (mostly young talented scientists starting their labs and returning from postdocs overseas) are granted every year and typically provide funds for projects spanning 3-to-5 years. In the present financial climate, the Spanish government has been continuously and drastically cutting funds for these programs.

In 2009 the Spanish government spent 547 million euros to support science. In the latest resolution of these programs, published last December, these funds were reduced to 309 million (a more than 40% reduction). Rubbing salt into the wound, these funds will also be significantly delayed according to the recent communication, which states that researchers will receive the funds in four years instead of the three that the original call had stipulated back in December 2011.

Making things even worse, the government has announced that during the first year, less than 10% of the funds will be made available to scientists. This is in direct contrast to previous resolutions, in which funds were administered following a 40% in year one, 40% in year two and 20% in year three formula that was deemed appropriate as projects typically require big investments in equipment and reagents during the first years.

In the past, it has been possible for universities or the CSIC (the Spanish National Research Council) to advance some of the funds to awardees, but now these institutions have no money to put forward.

This delay and changed formula for administration of funds will have a devastating effect on the vast majority of active Spanish scientists. In addition, the manner in which this new ‘rule’ has been communicated, late and by surprise, has angered a community of researchers that has already been particularly hit by the economic woes that the country is suffering.

During the 30 years before the 2008 crisis, Spanish research and development productivity had been steadily increasing and gaining visibility in the international community. Young investigators who had gone abroad to do science were returning to Spain aided by new grants and programs. Innovative, cutting-edge Spanish science was no longer a dream but a reality.

Since 2009, the Spanish government has been cutting science budgets relatively more than other areas (average ministries are experiencing cuts of 16%). It is clear that these cuts threaten to undermine the ability of scientific institutes across the country to hire and retain talented personnel. While Spain continues to reduce its support for research, other European countries and the European Union are proposing to increase their investment in science.

The Spanish science secretary Carmen Vela has proposed that Spanish scientists focus ‘on innovation and quality over quantity’ and that private funding of science should increase. But if policymakers continue to take measures that result in more labs closing down and the fleeing of scientists, there will be no talented people left in Spain to drive the innovation that will guarantee a sustainable economy in the future.

Links to other news coverage and political reactions to this resolution

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/24/actualidad/1359061061_171675.html

http://www.abc.es/espana/20130126/abci-gobierno-reduce-ayudas-ciencia-201301261848.html

http://www.izquierda-unida.es/node/11697

Diáspora (por Manuel Vicent)

Diáspora

España se ha permitido el lujo de tirar cerebros a la basura durante siglos, lo que equivale a un crimen histórico contra la inteligencia

Manuel Vicent  - 27 ENE 2013

Ningún cerebro humano es mejor que otro al nacer, en cualquier rincón del mundo. El cerebro es, sin duda, la principal fuente de riqueza, la única energía realmente sostenible, renovable e inagotable. España se ha permitido el lujo de tirar cerebros a la basura durante siglos, lo que equivale a un crimen histórico contra la inteligencia, el mismo delito que se comete hoy cuando se recorta el presupuesto de educación. Recuerdo a algunos compañeros de escuela en el pueblo, cuyo talento fue desperdiciado por la pobreza y la incuria de la posguerra. Eran inteligentes, despiertos, ávidos por aprender. Pudieron haber sido ingenieros, médicos, científicos. A varias generaciones de niños como aquellos con los que yo jugaba en el recreo, la España negra solo les dejó las manos para trabajar. En pleno franquismo tres millones tuvieron que irse de peones a Europa. Sucedió lo mismo cuando en plena fiebre del ladrillo España se vio inundada por oleadas de inmigrantes. Nuestro territorio se hallaba situado en el lugar geográfico ideal: a solo 11 kilómetros de África, con la ventaja del mismo idioma para los latinoamericanos y un sol de invierno radiante contra el frío de los países del Este y encima en este caso tampoco se requería ninguna preparación, ninguna ciencia, solo las manos para subir al andamio, servir copas, recoger fruta y limpiar retretes. El desprecio de nuestro país por la inteligencia ha producido varias diásporas. En el siglo XV los cristianos expulsaron a los judíos; la Inquisición llevó a la hoguera o metió en las mazmorras a quienes se atrevían a investigar. Los sucesivos espadones del siglo XIX llenaron Francia e Inglaterra de liberales españoles que huyeron para salvar el pellejo, entre ellos Goya y Blanco White, pero eso no fue nada si se compara con el medio millón de republicanos que fueron brutalmente condenados al exilio al final de la Guerra Civil junto con nuestros mejores intelectuales, escritores y científicos. Ahora llega la última diáspora. La desidia y el desprecio por la inteligencia están produciendo una fuga de cerebros. Jóvenes científicos, biólogos, ingenieros, tenazmente preparados aquí, cuya energía intelectual es la única fuerza genuina para salir de la crisis, se van fuera a dar sus frutos. La maldición de siempre.

Todo el poder para la ciencia

 http://elpais.com/elpais/2013/01/24/opinion/1359027137_688305.html

No es razonable que en un país que debería salir de la crisis con un modelo económico y social distinto se marginen aquellas actividades, como las científicas, que están en la base de nuestras opciones de futuro

Pere Puigdomènech - 1 FEB 2013

En el barómetro de Demoscopia sobre confianza institucional publicado recientemente aparece una vez más que los colectivos que merecen más confianza a los ciudadanos españoles son los científicos, esta vez seguidos de los médicos. En cambio, las profesiones que menos confianza producen son bancos, partidos políticos y los políticos. Parece un mundo al revés. En una sociedad democrática los ciudadanos otorgan a un colectivo la confianza para que gobierne, pero finalmente resulta ser este en el que menos confían. En cambio, en estos momentos aquellos en quien más confían tienen problemas para llevar a cabo su trabajo e incluso para sobrevivir. ¿Deberíamos dar la vuelta al sistema y proponer que sean aquellos en quienes más confían los ciudadanos, científicos y médicos, los que gobiernen?
Algo así proponía Platón en su diálogo La República. En esta obra célebre proponía que una aristocracia del saber fuera la que tomara las riendas del Gobierno. Este concepto ha ido rondando por las ideas políticas durante siglos y ha servido principalmente para justificar Gobiernos totalitarios. La historia nos enseña que no hay alternativa sensata a los sistemas democráticos aunque parecería apropiado hacer reformas para que la confianza del ciudadano en el sistema político se recupere. Es cierto que la presencia de científicos o médicos en los Gobiernos no es frecuente, pero tampoco extraña. Por ejemplo, el primer Gobierno socialista en 1982 tuvo una buena representación de miembros con formación científica y no deja de ser uno de los mejor recordados de los últimos años. El actual Gobierno solo tiene un miembro con formación médica y justamente en una función no relacionada con ello.
La relación entre ciencia y Gobierno se da en las dos direcciones posibles. Por una parte los Gobiernos se enfrentan cada vez más a cuestiones en las que deberían tener en cuenta los datos que proporciona la ciencia. Cuando hablamos de energía, de salud, de medio ambiente o de agricultura, por poner unos ejemplos, los Gobiernos necesitarían disponer de los mejores datos posibles sobre estas cuestiones, elaborados de forma transparente e independiente y para ello deberían contar con el consejo de los científicos. Es posible que sea este punto uno de los aspectos que los ciudadanos valoran de científicos y médicos. Si estos hacen bien su trabajo, los resultados deberían estar producidos con objetividad y estar dirigidos a ayudar a que la sociedad tome sus decisiones de la mejor manera posible. Distinguir entre quienes asesoran y quienes deciden es esencial en una sociedad democrática, pero que de forma transparente las decisiones se tomen tras valorar los mejores datos científicos disponibles parece imprescindible. Los Gobiernos de los países más avanzados suelen tener instancias para consultar a la hora de tomar decisiones, algo prácticamente desconocido en España.
Por otra parte la ciencia (como la sanidad o la educación) necesita del Gobierno. Es absolutamente ilusorio pensar que la iniciativa privada va a financiar la investigación científica en su totalidad. En parte pueden hacerlo fundaciones privadas, y en este sentido el mecenazgo es importante. Pero en todos los países avanzados está claro que hay una división del trabajo entre la financiación de la investigación de iniciativa autónoma de la que salen las ideas nuevas, y la financiación de la investigación dirigida a resolver cuestiones concretas de interés para la sociedad y la industria que tiene que estar basada en la financiación privada. La investigación creativa, en todos los países del mundo, es una competencia del Estado que tiene que velar, desde luego, para que sea de la mejor calidad posible. Y es en este punto en el que la realidad actual muestra su aspecto más descorazonador.

Curiosamente, entre las profesiones más afectadas por la crisis están aquellas en las que más confían los ciudadanos, que son científicos y médicos, a las que se añaden las pequeñas y medianas empresas, profesores de la enseñanza pública y las ONG. El año 2012 se termina con el anuncio de que la convocatoria para proyectos de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad se retrasa unos meses. Y 2013 comienza con que uno de los fondos financiadores de proyectos, los de investigación agrícola, que ya estaban aprobados no se van a financiar. Esto se añade a recortes en sueldos, en contratos temporales y en plazas de investigador y profesor, en un entorno en el que el sistema no se reforma para hacerlo más eficiente. La situación presente va a ser demostrativa de las contradicciones en las que nos encontramos. Va a haber millares de funcionarios a los que ni se les permite competir para conseguir medios para llevar a cabo su trabajo. Y como efecto colateral de consecuencias letales para el futuro, muchos investigadores jóvenes que dependen de contratos financiados por proyectos se van a ver incapacitados para continuar su trabajo.
Profesiones como las de científico o médico o profesor de la enseñanza pública no tienen sentido sin profesionales motivados por su trabajo y entregados a él. Las pequeñas y medianas empresas necesitan de emprendedores con ilusión. Y esta se puede estar perdiendo entre recortes y privatizaciones. Nadie duda de que haya que hacer todo lo posible para gestionar eficientemente los recursos públicos. Sin embargo, en este momento se mantienen los aspectos más burocráticos de la Administración mientras que se privatiza la gestión como por ejemplo en los hospitales. Si se elimina el espacio de creatividad y respeto a la vocación de estos profesionales va a haber efectos negativos que pronto se van a notar en cuestiones esenciales como la sanidad, la educación y desde luego en la ciencia. Y la credibilidad internacional de nuestro país, por muchos esfuerzos de marketing que se hagan, se va a encontrar por los suelos.
En el actual debate sobre quienes asumen el papel de gobernantes parecería que los que controlan actualmente la política española tienen aversión a lo científico y lo académico. En la situación de excepcionalidad que se está viviendo proliferan los análisis más o menos profundos o demagógicos sobre quien controla las decisiones políticas de los países. De algunos de estos análisis se podría sacar la conclusión de que los actuales gobernantes priman los aspectos corporativos de la burocracia sobre los aspectos creativos que representan la ciencia y la educación. O también que se aprovecha para sacar partido económico de actividades como la sanidad frente a las necesidades sociales o para promocionar algunas ideologías concretas en la educación. Seguramente son todas estas visiones excesivamente simplistas. En cualquier caso parece obvio que investigación, educación y cultura no son prioridades de los actuales gobernantes españoles. Y sería interesante conocer si hay alternativas concretas en alguna fuerza de la oposición.

Quizá podríamos proponer un partido de científicos para tratar de ganar el poder, aunque es previsible que no superar en votos al Partido Pirata. Ni los científicos harían campañas electorales eficaces ni tampoco hay ninguna evidencia de que los científicos fueran buenos gobernantes. Pero no parece razonable en un país que debería salir de la crisis con un modelo económico y social distinto, que se marginen o se arruinen aquellas actividades que están en la base de nuestras opciones de futuro. Sobre todo cuando son aquellas actividades que los ciudadanos más respetan. Quizá deberíamos encontrar vías para transmitir de forma clara a los ciudadanos cuáles son aquellas opciones políticas que respetan a aquellos colectivos que los ciudadanos respetan y cuáles las están hundiendo para que estos tomen sus decisiones con pleno conocimiento de causa. Y si la ciencia no acaba controlando el poder podría exigirse que al menos este muestre algún nivel de respeto hacia ella.

Pere Puigdomènech es profesor de Investigación del CSIC.